SEVILLA, 7 de octubre. En un giro preocupante para la sanidad pública de Andalucía, Izquierda Unida ha llevado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia que resalta "graves fallos" en el programa de cribado de cáncer de mama. La acusación señala a los últimos tres responsables de la Consejería de Salud de la Junta: Rocío Hernández, la actual titular; Catalina García, quien ahora se desempeña como consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente; y Jesús Aguirre, actual presidente del Parlamento autonómico.

Con fecha del 6 de octubre, la denuncia ha sido divulgada a los medios y sostiene que los acontecimientos descritos sugieren "indicios de múltiples delitos". Entre ellos, destacan "homicidio imprudente por omisión", "lesiones imprudentes por omisión" y "falta en la prestación de servicios sanitarios".

La denuncia argumenta que los problemas se derivan de una "deficiencia sistémica en la gestión sanitaria", lo que impidió realizar un seguimiento adecuado a los casos catalogados como "no concluyentes" o "dudosos". Este fallo podría tener consecuencias graves, especialmente en un programa tan crucial para la detección temprana del cáncer de mama.

Organizaciones como Amama, que agrupa a mujeres con cáncer de mama, han subrayado que la ausencia de diagnóstico temprano ha permitido que la enfermedad progrese, en algunos casos, hasta llevar a la muerte de pacientes. La detección precoz es vital para mejorar las tasas de supervivencia y el acceso a tratamientos más eficaces, un hecho que recae directamente bajo la responsabilidad de la Consejería de Salud.

Se destaca en la denuncia que la gestión deficiente del programa de cribado implica una falta de diligencia en la administración pública, donde cualquier "omisión o retraso en los resultados no concluyentes puede ser interpretado como un incumplimiento de las obligaciones sanitarias".

En caso de que alguna mujer hubiera fallecido tras un resultado dudoso sin el seguimiento necesario, esta situación podría calificar legalmente como homicidio imprudente, de acuerdo al Código Penal español, dado el vínculo directo entre la inacción y el daño realizado.

Además, se menciona el delito de "lesiones imprudentes en comisión por omisión", señalando que dicha falta de atención ha puesto en riesgo la salud de muchas mujeres. El tiempo perdido en la detección de lesiones malignas ha llevado a que muchos tratamientos sean más invasivos, causando un daño tanto físico como psicológico a las afectadas.

La denuncia también argumenta que la falta de seguimiento de resultados no concluyentes incumple el deber de cuidado exigible a la administración sanitaria. Todo agravamiento en la salud de las pacientes sería, por ende, un posible caso de lesiones imprudentes.

En relación con el delito de "omisión del deber de prestar servicios sanitarios", se alega que estas omisiones han incrementado el riesgo para las mujeres involucradas, retrasando tratamientos críticos y comprometiendo su salud. La responsabilidad por esta situación recae tanto en los responsables de la Junta de Andalucía como en la Consejería de Salud.

Izquierda Unida indica que la ineptitud en la gestión del programa de salud ha suscitado una crisis de confianza entre los ciudadanos hacia las instituciones sanitarias, lo que podría acarrear consecuencias legales para los responsables de la Junta.

La presidenta de la Asociación Amama ha manifestado su preocupación por haber alertado a los anteriores consejeros de Salud sobre las deficiencias en la gestión del programa sin que hubiera una respuesta adecuada por parte de los mismos.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, ha declarado que la situación actual del programa de mamografías mantiene a miles de mujeres en un estado de incertidumbre sobre su salud. Valero critica la administración del presidente Juanma Moreno, argumentando que se ha priorizado el interés de las clínicas privadas a expensas de la sanidad pública.

Valero concluye afirmando que la gestión del presidente de la Junta ha cruzado "todas las líneas rojas", solicitando una investigación de la Fiscalía para esclarecer los posibles delitos relacionados con esta situación inaceptable en el sistema de salud andaluz.