La Audiencia de Sevilla ha concluido el juicio contra la cúpula de UGT-A por fraude de subvenciones y falsedad documental relacionado a más de 40 millones de euros en subvenciones autonómicas.

Los acusados, entre ellos Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda, María Charpín, Dolores Sánchez y Enrique Goicoechea, enfrentan peticiones de siete años de cárcel, multas millonarias y compensaciones a la Junta de Andalucía.

El fiscal señala indicios de facturación falsa para desviar fondos de cursos de formación y menciona la existencia de un sistema de facturas fraudulentas o falsas para beneficio personal de los acusados.

El Ministerio Público detalla testimonios que revelan el uso de un "bote" de dinero obtenido ilegalmente por UGT-A y la existencia de descuentos y prácticas irregulares no reportadas a la Junta de Andalucía en la justificación de los gastos.

Los acusados se defienden argumentando que las acciones contaban con la aprobación de la Junta y que el "bote" era un mecanismo interno, mientras que el fiscal insiste en la utilización generalizada de prácticas ilegales para canalizar fondos hacia diversos fines no permitidos.

El juicio revela la creación de un programa digital para gestionar el "bote" y acusa a los responsables de UGT-A de desviar fondos públicos para actividades no relacionadas con los cursos de formación subvencionados.