El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha afirmado contundentemente este jueves que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha estado marcado por el fraude, y que, a pesar de las decisiones recientes del Tribunal Constitucional, los socialistas no podrán escapar de las consecuencias.

En el marco de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, Sanz respondió a una pregunta de un diputado del PP-A sobre el impacto económico de los ERE en Andalucía, destacando la importancia de las decisiones del TC que han afectado a ex dirigentes socialistas condenados por malversación en el proceso de financiación autonómica relacionado con los ERE fraudulentos.

El Consejo Constitucional ha anulado la sentencia condenatoria de la Audiencia de Sevilla para figuras como Manuel Chaves, José Antonio Griñán o Magdalena Álvarez, ordenando una revisión del fallo judicial. Sanz ha reiterado el respeto del Gobierno andaluz a las decisiones judiciales, pero ha hecho hincapié en la gravedad del desfalco y la necesidad de recuperar los fondos desviados.

El consejero subrayó que, según la sentencia del Tribunal Supremo, los implicados eran conscientes de la ilegalidad de sus acciones, advirtiendo que anular los cargos por malversación podría impedir la recuperación del dinero defraudado. Sanz criticó a los diputados socialistas por su actitud y enfatizó que la recuperación de los 700 millones de euros defraudados sigue siendo una prioridad.

El Tribunal Constitucional no ha absuelto a nadie, recordó Sanz, señalando la sustracción de fondos como una forma de robo. Insistió en que los socialistas no respetan a los andaluces, a quienes les han robado grandes sumas de dinero, y reiteró que el Gobierno andaluz seguirá luchando para recuperar cada euro malversado.