Granada ha entrado en una nueva etapa con la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida defendida por la alcaldesa Marifrán Carazo del Partido Popular. En los primeros momentos tras el inicio de esta iniciativa el 1 de octubre, la responsable municipal declaró que el tráfico en los accesos y en el interior de la ciudad se ha mantenido “normal”, garantizando que no se han producido congestiones significativas.

A partir de este mes, los vehículos que no estén matriculados en Granada y carezcan de distintivo ambiental estarán sujetos a sanciones. En octubre, la multa podrá aplicarse una vez al mes, pero la frecuencia aumentará a una vez por semana en noviembre y, en diciembre, cada infracción acarreará una sanción inmediata, según lo planteado por el Ayuntamiento.

Las fuerzas de la Policía Local han estado operando principalmente en función de información a los ciudadanos. Hasta el momento, las solicitudes de aclaración por parte de los conductores no han aumentado, y el flujo de tráfico ha mostrado estabilidad, sin interrupciones notables en los puntos de entrada a la ciudad.

La vigilancia sobre los vehículos se realiza a través de un sistema de cámaras de videovigilancia, lo que permitirá gestionar de manera efectiva la emisión de multas a aquellos que incumplan las normativas establecidas por la ZBE, señalaron fuentes del Ayuntamiento.

Consultada sobre el arranque de la ZBE, Carazo afirmó que la jornada se había desarrollado sin incidentes destacados, y que el centro de control de la Policía Local ha estado operativo, monitoreando la situación sin contratiempos. Esto fue corroborado por Jorge Saavedra, portavoz del equipo de gobierno, y Ana Agudo, concejala de Movilidad.

La alcaldesa destacó el trabajo llevado a cabo durante el último año, cuando se lanzó la fase informativa de esta política, subrayando que la aplicación del régimen sancionador no es el objetivo principal de la medida, sino una obligación para cumplir con las pautas europeas en materia de medio ambiente.

Carazo enfatizó que el Ayuntamiento no busca fines recaudatorios con la ZBE, sino que se trata de una estrategia obligada para garantizar la efectividad del programa y su acogida en la comunidad. A pesar de los retos, el consistorio seguirá llevando a cabo acciones de sensibilización sobre la medida.

Respecto a las demandas de sindicatos como CCOO y CSIF por un aumento de personal en la dirección de Movilidad, la alcaldesa indicó que bajo el plan de ajuste actual, no es posible incrementar los gastos en personal, lo que limita el crecimiento de dicha área.

En este contexto, Carazo también comentó sobre los esfuerzos realizados para atender las solicitudes de exoneración de usuarios que desean que sus vehículos sean incluidos en la lista de autorizaciones para acceder a la ZBE, a pesar de estar registrados fuera de Granada y sin etiqueta ambiental.

La alcaldesa subrayó que no existía un marco regulatorio previo sobre movilidad que precediera esta iniciativa, lo que obligó al Ayuntamiento a modificar hasta once ordenanzas para cerrar el marco legal necesario para la ZBE. Agradeció al departamento de Movilidad su dedicación, especialmente en lo que respecta a las autorizaciones recientes.

Finalmente, Carazo reafirmó su compromiso con la transparencia en el proceso y la importancia de la ZBE, argumentando que su implantación debió haberse llevado a cabo con anterioridad, considerando la preocupante calidad del aire en Granada. Esta nueva política se fundamenta en el bienestar de los ciudadanos y el impulso de alternativas sostenibles, como el fortalecimiento del transporte público con nuevas conexiones implementadas.