SEVILLA, 25 de septiembre.

En Andalucía, al igual que en el resto de España, un número alarmante de niños y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual se ven obligados a atravesar procesos judiciales que son prolongados y dolorosos. Un reciente estudio de Save the Children, titulado 'Por una justicia a la altura de la infancia', revela que 93,6% de las sentencias analizadas entre 2023 y 2024 en la región resultaron en condenas, una cifra que indica la seriedad del problema.

El informe indica que el 82,5% de los afectados en Andalucía son girls o adolescentes, una tendencia que se mantiene a nivel nacional con un 82,9%. Esta alarmante estadística sugiere que el abuso sexual infantil se inicia a menudo a la edad media de doce años y que, lamentablemente, un 5% de las víctimas presenta algún tipo de discapacidad.

Save the Children ha subrayado que la violencia sexual infantil es una de las formas más severas de abuso y, al mismo tiempo, la más oculta. Según el Ministerio del Interior, durante el año 2023 se registraron 9.185 denuncias de delitos sexuales contra menores, un número que apenas rasguña la superficie de la realidad, ya que muchos casos nunca son denunciados.

El director de Save the Children en Andalucía, Javier Cuenca, ha declarado: “Estamos ante una violencia silenciada: cerca de la mitad de las denuncias por delitos sexuales en España involucran a menores, pero el sistema judicial aún carece de la preparación adecuada para protegerlos efectivamente. La justicia no debe ser un lugar de desprotección para aquellos que ya han sido víctimas de violencia sexual”.

En cuanto a los agresores, el 97,9% de ellos son hombres en Andalucía (un 98% a nivel nacional), y en el 73% de los casos, la víctima conoce al perpetrador, lo que refleja una tendencia preocupante. De estos, un 41,8% proviene del entorno familiar, lo que muestra la gravedad de la situación. Un 31,3% son personas conocedoras de la víctima, como amigos de la familia o profesionales que trabajan con menores.

El estudio revela que el 33,3% de los casos en Andalucía se extendieron por un período de dos a tres años, y un 17,5% superó los cinco años, una carga adicional para las víctimas que también deben revivir los traumas al testificar varias veces en su proceso judicial. Más de la mitad de las víctimas ha tenido que proporcionar su testimonio en más de una ocasión, un hecho que complica su recuperación emocional.

Cuenca ha enfatizado la necesidad de una justicia especializada que acorte los plazos en estos procesos y limite la cantidad de testificaciones requeridas. Aunque en un 34,5% de los casos se ha aplicado la prueba preconstituida, un método que permite grabar el testimonio para evitar que las víctimas deban repetirlo en el juicio, este mecanismo sigue siendo insuficiente para cubrir la gravedad del problema.

El director de Save the Children ha añadido: “El testimonio de los menores es crucial en la mayoría de los casos, por lo que es alarmante que aún no se implemente de manera generalizada la prueba preconstitutida, la cual debería ser obligatoria para todos los menores de 14 años, para así evitar el trauma de revictimización en el proceso judicial”.

Por otro lado, en 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, que establece las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra menores, según lo previsto por la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi). Sin embargo, sólo se crean tres secciones especializadas en todo el país, dejando a la mayoría de los casos en manos de juzgados sin la formación necesaria en cuestiones de infancia.

Además, es imperativo que se clarifiquen las competencias y la coordinación entre jurisdicciones, garantizando que los casos de violencia sexual sean tratados adecuadamente. Aunque la implementación de estas secciones es un paso positivo, es fundamental que se intensifique el esfuerzo desde el inicio para cumplir con las promesas de la Lopivi.

A día de hoy, no existen fiscalías especializadas ni equipos técnicos multidisciplinares, lo que es una obligación establecida desde la aprobación de la Lopivi hace cuatro años. En las sentencias revisadas, ningún juez hizo referencia al interés superior del menor, revelando una grave deficiencia en la protección de estos niños y adolescentes.

La organización ha reiterado la necesidad de cumplir con los compromisos de la Lopivi, que incluyen una expansión urgente de las secciones judiciales especializadas y la creación de fiscalías dedicadas a la infancia, junto con la práctica regular de la prueba preconstitutida para todos los menores. Asimismo, es necesario incorporar la evaluación del interés superior del niño en todas las decisiones judiciales y asegurar que los casos de violencia sexual se tramiten adecuadamente.

El modelo Barnahus, conocido como la "casa de los niños", donde las víctimas reciben atención integral en un ambiente amigable, se debe implementar en todo el país. Este modelo permite que todos los organismos implicados colaboren, evitando la revictimización y garantizando una atención adecuada a las víctimas. En Andalucía, este enfoque está incluido en el III Plan de Infancia y Adolescencia de la comunidad.

Por último, la experiencia de las Barnahus en Cataluña, que atendió cerca de 3,000 casos en 2024, ha demostrado que este modelo puede reducir considerablemente la duración de los procesos judiciales y aumentar las condenas, al tiempo que mejora la experiencia de las víctimas al minimizar la cantidad de veces que deben repetir sus testimonios.