En un reciente intercambio de palabras en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha arremetido contra Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, acusándole de contribuir a la falta de pruebas diagnósticas para el cáncer de mama en Andalucía. Sánchez, que se dirigía a la sala durante la sesión de control al gobierno, hizo hincapié en que la culpa recae en las comunidades autónomas gobernadas por el PP, las cuales, según él, favorecen los intereses de la sanidad privada.

Este enfrentamiento se produce en un día significativo, ya que la Junta de Andalucía tiene previsto anunciar un plan de choque para abordar los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz de cáncer de mama. En sus declaraciones, Sánchez argumentó que su gobierno ha incrementado la financiación en el sector de la sanidad pública en un 45% en los últimos siete años, mientras que los conservadores estarían desviando recursos hacia la sanidad privada.

El tema ha cobrado mayor relevancia después de que la Asociación Amama señalara su intención de emprender acciones legales contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la dilación en las pruebas diagnósticas. Dirigiéndose a este asunto, la organización aseguró que evaluará la documentación recibida y que decidirá si procederá a presentar una demanda colectiva o acciones individuales.

Se han planteado posibles cargos penales que van desde lesiones por imprudencia hasta homicidio, así como negligencia en la atención sanitaria. Además, la asociación ha hecho un llamado urgente para que todas las mujeres afectadas reciban las pruebas pertinentes de inmediato y que se revisen todas las mamografías realizadas.

En un movimiento paralelo, Izquierda Unida ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, señalando los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema de salud andaluz. La denuncia incluye a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, añadiendo cierta presión sobre el actual equipo de gestión. Por su parte, Adelante Andalucía también ha llevado la situación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, incorporando a más funcionarios de la Junta en su denuncia, lo que pone de manifiesto la creciente preocupación y el clamor por responsabilidad en este crucial asunto de salud pública.