SEVILLA, 26 de mayo. La sanidad pública en Andalucía atraviesa un periodo crítico que pone de manifiesto las deficiencias en comparación con otras comunidades autónomas de España. Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse y Marea Blanca han subrayado las preocupantes cifras que evidencian que la región se encuentra en la parte baja del ranking nacional en términos de financiación, gasto en salud, recursos humanos y tiempos de espera en Atención Primaria.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, estos grupos presentaron el 'Informe sobre la situación de la Sanidad Pública Andaluza', respaldado por datos oficiales. En representación de los sindicatos, intervinieron destacados miembros de cada organización, quienes expresaron su preocupación por el estado de la sanidad en la comunidad autónoma.

El informe califica la situación de los hospitales y centros de salud de Andalucía como “crítica”. Los ciudadanos andaluces mostraron la menor satisfacción con su sistema de salud en 2024 con una puntuación de 5.72, inferior no solo a otras comunidades, sino también a la media nacional. Esta valoración ha ido en descenso desde 2022, marcando una clara desconfianza hacia los servicios sanitarios en la región.

En términos de financiación, Andalucía se sitúa entre las cinco comunidades con los presupuestos más reducidos por habitante, con una inversión de 1,747.98 euros, significativamente por debajo del promedio nacional. Al comparar con otras regiones, el desajuste es evidente, destacando a Asturias con una financiación superior de 686,369 euros por habitante y a Extremadura con 473,18 euros adicionales.

Las organizaciones firmantes también manifestaron su descontento acerca del uso de la reciente ampliación presupuestaria de 2024, de la que casi la mitad se ha destinado a financiar empresas privadas en lugar de fortalecer la sanidad pública.

El texto del informe también señala un alarmante “exceso de gasto farmacéutico” en Andalucía, donde se destina el 16.93% de la inversión sanitaria a medicamentos, lo que resta recursos esenciales que podrían ser utilizados en infraestructura y en mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud.

En cuanto a recursos humanos, Andalucía presenta la menor tasa de médicos por cada mil habitantes, con solo 3,1, en comparación con una media nacional de 3,7. Esta tendencia también se refleja en los datos de enfermería, donde la comunidad tiene la tasa más baja de España, con solo 4 enfermeros por cada mil habitantes, frente a un promedio de 4,7.

Las conclusiones sugieren que, para alcanzar niveles adecuados, Andalucía precisaría incrementar su plantilla con casi 18,000 nuevos profesionales en diversos campos de la salud.

Respecto a las demoras en Atención Primaria, Andalucía lidera las estadísticas con una espera media de 10.66 días para ser atendido por un médico de cabecera, superando en dos días la media nacional y más del doble del tiempo de espera del País Vasco, que tiene los tiempos más cortos.

En el ámbito quirúrgico, la situación es igualmente preocupante, ya que Andalucía ocupa la cuarta posición con una de las tasas más altas de pacientes a la espera de cirugía, además de un tiempo medio de espera de 176 días, lo que representa un significativo retraso en comparación con otras comunidades.

Asimismo, la población andaluza sufre largos tiempos de espera, con un 56.5% de citas superando los 60 días de espera, incumpliendo así el decreto que estipula un plazo máximo para la atención en la mayoría de especialidades.

2024 ha visto un aumento alarmante en las agresiones a profesionales de la sanidad, alcanzando un total de 1,866 casos reportados, lo que se traduce en cinco incidentes diarios, aunque se reconoce que no todos son notificados.

Además, la esperanza de vida de los andaluces se sitúa en 82.49 años, 1.28 años menos que la media nacional, y casi tres menos que en la Comunidad de Madrid.

Frente a estos datos adversos, las organizaciones han anunciado su intención de establecer contacto con los ayuntamientos y diputaciones andaluzas para buscar apoyo en la solicitud de un incremento de la financiación de la sanidad pública por parte del Gobierno de la Junta, con el objetivo de acercarse a la media nacional en términos de inversión sanitaria.